En un proceso de la Inquisición, al acusado se le leían las declaraciones en su contra, pero nunca los nombres de quienes las habían hecho. Era la regla del secreto, y tenía una consecuencia evidente: no había forma de demostrar que un testigo mentía, que era un enemigo o que se había equivocado de persona.
El abogado de Rafael Joaquín Valls, el hijo mayor del hombre que ardió en 1691, lo dejó escrito en su alegato: «por ignorar el reo los testigos, sus nombres y calidades, no puede alegar y oponer los defectos y tachas que es verisímil padecían». Los impugnaba «genéricamente, a cautela», y confiaba en que «la piadosa integridad de V.S. supliría lo que su Defensa no alcanço por falta de Noticias».
La defensa quedaba reducida a una súplica.
Y los abogados tampoco eran del todo ajenos al tribunal. Juan Bautista Danús y Bernardino Bauçà defendieron a varias de las acusadas de aquellos años, Quiteria Martí y Violante Martí entre ellas, y firmaron como consultores el voto de muerte de Moixina.
