Cuando el tribunal decidía una muerte, la decisión se archivaba como cualquier otro documento. La copia del voto contra Moixina lo dice con precisión de bibliotecario: concuerda con su original, que está «en fojas 264 vuelta del libro de Votos en difinitiva», en la Cámara del secreto.
Al pie del voto de su hijo Joanot, el copista añadió una fe de erratas, folio a folio: aquí «no valga», aquí «valga». En un expediente que podía terminar en la hoguera, alguien se tomó el trabajo de corregir los gazapos.
El 8 de junio de 1690, los jueces votaron «conformes» sobre Quiteria Martí: sentencia leída en auto público, relajación al brazo seglar y confiscación de bienes. Pero antes, «que primero sea puesta a question de tormento in caput alienum». Ese tormento no servía para condenarla a ella, que ya lo estaba, sino para arrancarle nombres de otros.
Entre los consultores que firmaban esos votos figuran Juan Bautista Danús y Bernardino Bauçà. En otros expedientes del mismo ciclo aparecen como abogados defensores. Los mismos nombres defendían en un legajo y votaban la muerte en el de al lado.
