Una de las primeras cosas que se pedía a un preso de la Inquisición era su genealogía: padres, abuelos, tíos, hermanos, primos, hijos, con sus nombres, oficios y matrimonios. No era curiosidad. El tribunal buscaba linajes.
Quiteria Martí, viuda de Bernardo Aguiló, bajó en su declaración hasta los nietos de sus primos. De uno de ellos dijo que tenía dos hijos y una hija, y que no sabía el nombre de alguno porque «son muy niños, que el mayor tiene cinco años». Esos niños quedaron anotados en un proceso de fe.
Antes de todo eso estaba el ingreso. El 3 de octubre de 1689, un secretario entró en una celda numerada para registrar al preso que había llegado dos noches antes, y escribió: «hallé a un hombre, que dijo llamarse Juanot Forteza, de officio negociante, natural y vezino de esta Ciudad». Después venía el escrutinio, el inventario de todo lo que el preso llevaba encima.
Primero se anotaba el cuerpo y luego la familia, y al final el alma. Para los genealogistas de hoy, esas declaraciones forzadas son una de las fuentes más valiosas que existen sobre estas familias.
