«Nos los Inquisidores Apostólicos contra la herética pravedad y apostasía… mandamos a vos…». Así empieza la orden para detener a Quiteria Martí, viuda de Bernardo Aguiló. Está impresa. Los huecos se rellenaron a mano: el nombre del alguacil mayor, Gaspar de Puigdorfila; la calle, la Bossería; el nombre de la presa.
Había tantas detenciones que se despachaban con formulario, como hoy un recibo.
El mismo impreso explica quién pagaba la cárcel. Si entre los bienes embargados había dinero, el alguacil debía llevar ocho ducados para «el gasto y alimentos» de la presa. Si no lo había, debía vender en almoneda pública los bienes «menos perjudiciales» hasta reunirlos. La víctima financiaba su propio encierro.
Y todo se apuntaba. El 2 de octubre de 1689, los inquisidores Hualte y Guerrero asignaron a otra presa, Isabel Martí, dos sueldos diarios para comer mientras durase su proceso. En el margen, el secretario escribió una sola palabra: «Alimentos».
La maquinaria que decidía si una persona viviría o moriría llevaba al día la cuenta de su pan.
